El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este domingo 19 de julio, mostró una evaluación ciudadana sobre el impacto del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, revelando una alta aprobación al trabajo de Carabineros durante la emergencia, pero también una percepción mayoritaria de que Chile sigue sin estar preparado para enfrentar este tipo de eventos. Según el sondeo, la policía obtuvo un 77% de aprobación, posicionándose como la institución mejor evaluada en el manejo de la emergencia. Le siguen las municipalidades (70%), las Fuerzas Armadas (66%), Senapred (61%) y los medios de comunicación (55%). Respecto a la preparación del país frente al temporal, el 61% de los encuestados considera que Chile está “poco o nada preparado” para enfrentar este tipo de fenómenos, un punto menos que en la medición anterior. En contraste, el 69% afirmó que tanto ellos como sus familias sí estaban preparados, aunque esa cifra cayó siete puntos porcentuales. La encuesta también reflejó los efectos directos del sistema frontal en la población. Cinco de cada diez personas aseguraron haber sufrido inundaciones de calles o espacios públicos cercanos a sus hogares, mientras que tres de cada diez reportaron cortes en el suministro eléctrico durante los últimos días. En materia política, Cadem reveló que el 84% de los consultados supo que el Senado aprobó e l Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, la evaluación del paquete de medidas aparece dividida : 42% dijo estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 52% manifestó su rechazo. Fuente: ADN Radio Nacional
Carabineros relanzó la campaña “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” en la Plaza de Armas de Santiago, con el objetivo de promover la entrega voluntaria, segura y responsable de armas de fuego para disminuir riesgos en la comunidad. La iniciativa, impulsada por la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos, permite entregar armas inscritas o no inscritas, heredadas y artesanales, así como municiones y accesorios. La entrega es anónima y no conlleva sanciones ni citaciones judiciales, fomentando una conducta responsable en la ciudadanía. Para participar, las personas pueden acudir a cualquier unidad policial del país o coordinar el retiro a domicilio llamando al número 800 377 707. Cada arma entregada será registrada en un acta institucional para su trazabilidad y posterior inutilización, evitando su uso en actividades delictivas. Según datos proporcionados por Carabineros, en 2025 se recibieron voluntariamente 8.142 armas a través de esta campaña preventiva. Fuente: CNN Chile País
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este domingo 19 de julio, mostró una evaluación ciudadana sobre el impacto del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, revelando una alta aprobación al trabajo de Carabineros durante la emergencia, pero también una percepción mayoritaria de que Chile sigue sin estar preparado para enfrentar este tipo de eventos. Según el sondeo, la policía obtuvo un 77% de aprobación, posicionándose como la institución mejor evaluada en el manejo de la emergencia. Le siguen las municipalidades (70%), las Fuerzas Armadas (66%), Senapred (61%) y los medios de comunicación (55%). Respecto a la preparación del país frente al temporal, el 61% de los encuestados considera que Chile está “poco o nada preparado” para enfrentar este tipo de fenómenos, un punto menos que en la medición anterior. En contraste, el 69% afirmó que tanto ellos como sus familias sí estaban preparados, aunque esa cifra cayó siete puntos porcentuales. La encuesta también reflejó los efectos directos del sistema frontal en la población. Cinco de cada diez personas aseguraron haber sufrido inundaciones de calles o espacios públicos cercanos a sus hogares, mientras que tres de cada diez reportaron cortes en el suministro eléctrico durante los últimos días. En materia política, Cadem reveló que el 84% de los consultados supo que el Senado aprobó e l Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, la evaluación del paquete de medidas aparece dividida : 42% dijo estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 52% manifestó su rechazo. Fuente: ADN Radio Nacional
Carabineros relanzó la campaña “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” en la Plaza de Armas de Santiago, con el objetivo de promover la entrega voluntaria, segura y responsable de armas de fuego para disminuir riesgos en la comunidad. La iniciativa, impulsada por la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos, permite entregar armas inscritas o no inscritas, heredadas y artesanales, así como municiones y accesorios. La entrega es anónima y no conlleva sanciones ni citaciones judiciales, fomentando una conducta responsable en la ciudadanía. Para participar, las personas pueden acudir a cualquier unidad policial del país o coordinar el retiro a domicilio llamando al número 800 377 707. Cada arma entregada será registrada en un acta institucional para su trazabilidad y posterior inutilización, evitando su uso en actividades delictivas. Según datos proporcionados por Carabineros, en 2025 se recibieron voluntariamente 8.142 armas a través de esta campaña preventiva. Fuente: CNN Chile País
