La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
